Responsabilidad Civil Veterinaria

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En materia de responsabilidad civil sanitaria, para que una inadecuada actuación veterinaria clínica derive en la obligación de indemnizar daños o perjuicios a favor de quien reclama esta indemnización, deben acreditarse varios requisitos a saber; que sea producto de una acción u omisión del veterinario, culpable o negligente, que esta ocasione un daño a un tercero y que exista una relación de causalidad entre el daño y la acción u omisión que lo ocasionó.

Dicho esto, no es infrecuente que los profesionales veterinarios se encuentren con alguna reclamación de daños como consecuencia de la práctica de su profesión, que pueden acabar con el pago de una indemnización como resarcimiento del daño causado.

Este es el caso de un profesional de Cataluña que pese a realizar una ovariohisterectomía a una perra, esta comenzó a manifestar signos clínicos compatibles con el celo. La intervención se realiza con el fin de de obtener la esterilidad de la hembra y con ello la eliminación de todos los signos asociados con el celo, al comprobar el propietario que estos signos habían vuelto a aparecer en la perra, acude a consulta y tras exploración el veterinario no observa la existencia de ningún resto ovárico, asociándolos con una simple infección de orina. Unos días después y ante persistencia de los síntomas, el propietario decide realizar una segunda evaluación en otro centro veterinario, realizándole una citología que dio positivo y concluyendo que la perra se encontraba en celo. Tras ello realizaron una ecografía en la que se identificaba un resto ovárico de más de 2 cm., ante lo cual se recomendaba una nueva intervención para su eliminación.

En este caso los propietarios del animal solicitaban tanto los gastos iniciales de la primera  ovariohisterectomía como los producidos por la segunda intervención. Finalmente fue procedente indemnizar con el pago de todos los gastos producido por la nueva intervención así como de las pruebas necesarias para su correcto diagnóstico, pero no aceptando el reembolso de la primera intervención, como también solicitaban, pues se indemnizan daños ocasionados y no devolución de honorarios.

Otro caso significativo que queremos compartir en este primer número de RC Veterinaria,  es el de un veterinario de Andalucía, quien recibió una reclamación por parte de los dueños de una gata que había fallecido por una parada cardio-respiratoria tras recibir los servicios de peluquería de su clínica.

Ante la excitabilidad  del animal el veterinario decide aplicar una sedación para tranquilizarlo y poder realizar los servicios de baño y peluquería que el cliente había solicitado, empleando una combinación de “dexmodetomidina”, un tranquilizante ampliamente utilizado en la especie felina tanto de forma aislada como combinado con otros fármacos. Al finalizar la peluquería la gata presentó una parada cardio-respiratoria que pese a las maniobras de reanimación practicada por el veterinario, produce el fallecimiento del animal. Cabe destacar que el estado del animal era bueno y saludable no evidenciando problemas potenciales y que se informó a los propietarios de los posibles riesgos del uso de estos sedantes aceptándolos por escrito mediante la cumplimentación del consentimiento informado.

Este caso es un ejemplo de cómo, a pesar de la información facilitada al cliente y del seguimiento de los protocolos en la actuación profesional del veterinario, los propietarios deciden iniciar una reclamación de daños ante de fallecimiento del animal, por la cual se activa la cobertura de la póliza de responsabilidad civil, estudiando el caso por parte de la compañía y concluyendo el informe pericial que la actuación del veterinario fue ajustada a la praxis veterinaria, no existiendo negligencia profesional y entendiendo que el fallecimiento del animal fue ajeno a la actuación del este pues se trata de una reacción excepcional e imprevisible, por lo que no procede indemnización alguna.

En este último caso, comprobamos la importancia de la existencia del consentimiento informado, a través del cual  se demuestra que los dueños del animal recibieron una información adecuada sobre la naturaleza de la intervención del veterinario, así como de sus riesgos y consecuencias, que el propietario asume como posibles.

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